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¿Por qué sube el precio de la energía eléctrica?

¿Por qué sube el precio de la energía eléctrica?

¿Por qué sube el precio de la energía eléctrica?…La clave para entender el motivo de la subida de los precios de la energía eléctrica pasa por comprender el déficit tarifario, concepto que se explica más adelante.

Uno de los motivos técnicos más influyentes es la obsolescencia casi inmediata de la mayoría de las centrales productoras de energía eléctrica del parque energético nacional. Esta necesidad de invertir en infraestructuras para la producción de energía eléctrica ha aumentado los costes de dicha energía, ha originado la necesidad de financiar la subida de dichos costes y el fomento de políticas de ahorro y eficiencia energética.

Cómo consecuencia, las previsiones hechas a principios de 2010 indican que el precio de la energía subirá hasta un 35% por encima de los precios de 2010 de forma progresiva en los años sucesivos.

¿Qué es el déficit tarifario?

El déficit de tarifas es la diferencia entre el monto total recaudado por las tarifas de acceso a las redes (tarifas reguladas que fija la Administración y pagan los consumidores por sus suministros) y los costes reales asociados a dichas tarifas (costes de transportar, distribuir, subvencionar determinadas energías y otras actividades y servicios que según el Ordenamiento Jurídico están incluidos en las tarifas, etc.) (Ver Las tarifas de acceso: estructura, costes y liquidaciones de los ingresos).

A modo de ejemplo, el siguiente gráfico ilustra el desfase entre los costes de suministro incluidos en las tarifas del año 2010 y los ingresos esperados del Sistema en diciembre de 2009, fecha en que se aprobaron.

Gráfico 1. ¿Cómo surge el déficit?
Ejemplo: el déficit de tarifa esperado para el año 2010

Fuente: MITYC

¿Cómo se origina el déficit tarifario?

Las diferencias entre la recaudación por tarifas reguladas y los costes reales correspondientes a las mismas se originan básicamente por dos motivos: errores de estimación y objetivos políticos/ económicos de los sucesivos Gobiernos, quienes en último término establecen las tarifas reguladas.

Teóricamente, las tarifas se determinan como la suma de los costes en que se incurre para la provisión de un servicio regulado. (Ver Actividades reguladas). Dado que las tarifas se establecen antes de incurrir en ciertos costes (se fijan antes de que se consuma la electricidad), es necesario considerar previsiones de cuál será el nivel de éstos y también de cuáles serán los volúmenes de energía que demandarán los diferentes consumidores (residenciales, industriales, etc.)

Obviamente, estas previsiones están sujetas a errores de estimación. Ejemplos de costes a prever y de posibles errores de estimación asociados a ellos serían los siguientes:

a)   El volumen de producción del Régimen Especial (RE), el cual recibe primas. Uno de los costes a cubrir con las tarifas de acceso son las primas del RE. Simplificadamente, estas primas suponen un monto igual a una prima unitaria (€/MWh) multiplicada por la energía realmente producida (MWh). Así, en el momento de fijar las tarifas es necesario hacer una previsión de cuál será dicha producción, que depende de la capacidad instalada (inversión de los productores) y de la disponibilidad de energía primaria (agua, viento, etc.; variables claramente volátiles). Evidentemente, esta previsión está sujeta a un error que podrá dar lugar a un déficit o un superávit.

b)   La facturación a tarifas reguladas. La energía realmente consumida, medida en los contadores de los clientes, es facturada a las tarifas previamente establecidas (p.e. a principios de año). Si el consumo real es distinto al previsto en el momento de fijar las tarifas, el volumen de ingresos facturado será diferente, pudiendo dar lugar a un déficit (si la previsión es mayor de la realidad) o un superávit (si la situación es inversa)

Es importante considerar que estos errores de previsión crearían un déficit coyuntural (no estructural) siempre y cuando la probabilidad de error al alza y a la baja fuera la misma a lo largo del tiempo (lo que técnicamente se conoce como previsiones centradas o insesgadas). Efectivamente, en este caso los errores en sentido negativo (déficits) vendrían a compensarse con los errores en sentido positivo (superávits) a lo largo del tiempo, con lo que a largo plazo el déficit promedio o acumulado tendería a ser nulo.

En España, y desde el año 2000, las sucesivas tarifas aprobadas por los Gobiernos anualmente (hasta 2007) o trimestralmente/semestralmente (desde 2007) han generado sucesivos déficits de tarifa, que se han ido acumulando (ver Gráfico 2 y Gráfico 4). Considerando el plazo de tiempo en el que este fenómeno se viene observando, se podría concluir que las previsiones de coste utilizadas para determinar las tarifas no han sido insesgadas. Es decir, las previsiones de costes habrían sistemáticamente subestimado los costes reales. Esto podría considerarse como un indicio de estrategia/intencionalidad por parte de los sucesivos Gobiernos, que de hecho acabaría por dar lugar a un déficit no ya coyuntural, sino estructural.

En este sentido, es frecuentemente argumentado que la sistemática divergencia observada entre los costes realmente esperados y los que el regulador considera para determinar las tarifas se debe, entre otros, al coste en términos políticos de las subidas de tarifas (especialmente relevantes en un entorno de incremento del precio de las materias primas energéticas), a su supuesto impacto sobre la inflación o al efecto sobre la competitividad de algunos sectores industriales intensivos en energía. Estas motivaciones habrían llevado a que los Gobiernos correspondientes hubieran preferido considerar para la determinación de las tarifas los costes “deseados” en lugar de los costes realmente esperados.

El problema de combinar tarifas y precios

El déficit de tarifas proviene de la dificultad de combinar precios regulados aprobados por los gobiernos, con los precios fijados por la interacción de la oferta y la demanda en mercados liberalizados (sin precios regulados) y costes reales de suministro. (Ver Actividades reguladas)

Todos los países que han abordado procesos de liberalización, de una u otra manera, han padecido este problema de combinar precios y tarifas. El Reino Unido y los países nórdicos de Europa lo han solucionado eliminado las tarifas reguladas mientras que otros, como los Estados del Este de EE.UU. y gran parte de Sudamérica, fijan las tarifas mediante la agregación de las retribuciones correspondientes a todas las actividades eléctricas que la componen (tarifa aditiva que agrega los costes de generación, transporte, distribución y comercialización). El problema subsiste en toda su intensidad en los países que separan la evolución de las tarifas eléctricas de la evolución de los precios en los mercados mayoristas y costes de suministro, como ocurrió en California.

Los procesos de liberalización de los sistemas eléctricos comenzaron en épocas en que las expectativas de evolución de los precios de la energía eran bajistas. Sin embargo, desde finales de los 90 estas expectativas se han dado la vuelta y los precios han adquirido una tendencia alcista. Al cambiar la tendencia de los precios, los gobiernos o las autoridades regulatorias en España comenzaron a aprobar tarifas por debajo de los costes explícitos de la energía, con el fin de controlar la inflación o suavizar las subidas a los consumidores, abandonando, por tanto, el principio de suficiencia tarifaria (que lo recaudado por las tarifas sea suficiente para cubrir los costes del servicio).

También se ha argumentado como causa de esta divergencia de tarifas aprobadas y precios mayoristas, la falta de “fiabilidad” de estos últimos. Se han aducido multitud de causas de desconfianza hacia el precio del mercado:

1)      El posible ejercicio del poder de mercado de empresas que antiguamente actuaban como monopolios. Sin embargo, no parece ser éste el motivo, ya que no sólo la evolución pro-competitiva en España es la mayor de Europa, sino que los precios obedecen a los subyacentes de los insumos para producir electricidad (ver Competencia en el mercado eléctrico).

2)      La aparición en Europa del debate sobre la supuesta existencia de “windfall profits”, o beneficios sobrevenidos, originados por la implementación del esquema “cap-and-trade” europeo de derechos de emisión, y que ha afectado a los mercados eléctricos europeos desde 2005 (Ver La internalización del precio de los derechos de emisión).

3)     El sistema de fijación de precios del mercado español, marginalista, en el que se basa la Ley del Sector eléctrico, cuando es el sistema económicamente más eficiente y cuando todos los mercados, por definición, son marginalistas (ver Formación de precios en el mercado mayorista diario de electricidad y Aplicación de la teoría económica de mercados y competencia al mercado eléctrico).

Con el argumento de la existencia del déficit (un problema creado paradójicamente por las decisiones del propio Gobierno) se han producido multitud de intervenciones regulatorias en contra del funcionamiento del mercado que conllevan el recorte de ciertas remuneraciones y a su consecuente reducción de los incentivos de las empresas a invertir en, por ejemplo, generación, poniendo en riesgo la fiabilidad y seguridad del suministro en el sistema. Entre estas medidas se encontrarían las siguientes:

  • RD-Ley 3/2006: bilateralización de transacciones intragrupo en el mercado e intervención del precio del mercado mayorista, más devolución del valor de los derechos de emisión de CO2 gratuitos (incluso a tecnologías de generación no contaminantes y que, por tanto, no los recibieron) (ver La internalización del precio de los derechos de emisión).
  • RD-Ley 11/2007, que extiende la detracción del valor de los derechos de emisión al periodo 2008-2012 (ver La internalización del precio de los derechos de emisión). Tanto este RD-Ley como el mencionado en el apartado ya no se encuentran en vigor actualmente, pero han afectado a los ejercicios 2006, 2007, 2008 y primer semestre de 2009, con el consiguiente perjuicio económico para las empresas sometidas a su aplicación.
  • Reducción de la remuneración por Garantía de Potencia o Pagos por Capacidad (ver Inversión y seguridad de suministro en un mercado liberalizado).

¿Cuál ha sido la evolución del precio de la electricidad en España?

El precio de la electricidad, antes tarifa media o de referencia, es la suma del precio de la energía más la tarifa de acceso que paga el conjunto de clientes por sus consumos, antes de impuestos.

En el gráfio 2 se muestra la evolución del precio de la electricidad aprobado por la Administración (tarifa media en el Sistema, que integra todos los costes del suministro de electricidad que establece la normativa vigente) y la evolución del IPC (Índice de Precios al Consumo). Con estas variables se puede estimar, en términos reales, el incremento anual de las tarifas eléctricas en España desde la liberalización del sector eléctrico en el año 1997.

Gráfico 2. Evolución de la tarifa eléctrica media o de referencia y del IPC en España

 

Fuente: UNESA

La evolución de los precios constata que las tarifas eléctricas en España no han seguido la evolución generalizada de precios de otros productos, ni los recogidos en la cesta del IPC ni de otros productos energéticos de uso doméstico (ver Figura 3). Desde 1997 la tarifa real (teniendo en cuenta el efecto del IPC) desciende progresivamente durante 9 años y comienza a estabilizarse a partir del 2005 (tarifa media real). A partir, sobretodo, de 2008, el precio de la electricidad comienza a elevarse como consecuencia de la intención política de que los precios vayan reflejando progresivamente los costes reales del servicio.

Gráfico 3. Evolución de Los precios de otros productos energéticos de uso doméstico en España

Fuente: UNESA

LOS EFECTOS DEL DÉFICIT PARA CONSUMIDORES Y EMPRESAS

La solución adoptada en España de financiar el déficit tarifario (las diferencias entre los precios implícitos en las tarifas reconocidas y los precios de mercado con cargo al consumo futuro) plantea problemas de eficiencia y barreras al desarrollo de la actividad de comercialización.

Problemas de eficiencia, porque al bajar los precios actuales y elevar los precios futuros se favorece el incremento del consumo presente en unos momentos en que la consecución de la eficiencia energética, para facilitar la transición hacia modelos energéticos más sostenibles que los actuales, constituye un objetivo clave de la política energética europea. Contener los precios actuales de la energía, financiándolos con cargo al consumo futuro, eleva el consumo presente respecto a los niveles de consumos requeridos y eficientes en un modelo sostenible.

El mantenimiento artificial de tarifas bajas al inducir al consumo energético, obliga a funcionar a centrales más ineficientes medioambientalmente hablando, generando más emisiones de CO2, NOx, partículas y SO2, lo cual aleja a España aún más de los compromisos internacionales adquiridos. (Ver El esquema “Cap and Trade” en Europa y los incentivos a reducir emisiones)

Dicho consumo adicional genera un empeoramiento del grado de autoabastecimiento energético, al ser España importador neto de los combustibles necesarios para alimentar esos consumos ineficientes. Dichas importaciones, tanto de combustibles como de derechos de CO2, empeoran la balanza comercial de la economía española. (Ver Insostenibilidad del sistema energético y vías de solución)

Por otro lado, y hasta la total desaparición de las tarifas integrales el 1 de julio de 2009, el déficit de tarifa ha supuesto un grave impedimento al desarrollo del mercado libre debido a la imposibilidad de que los comercializadores pudieran batir en el mercado a unas tarifas integrales por debajo de costes que sirvieron de refugio a los consumidores

La aparente contención de precios que supone el déficit de tarifas no ha conllevado, sin embargo, un menor ingreso o quebranto para las empresas que realizan las actividades eléctricas. Efectivamente, por imperativo legal éstas son retribuidas según su coste reconocido cuando son actividades reguladas (redes) y según el precio que emana de los mercados mayoristas cuando son actividades liberalizadas (generación). Así, el déficit tarifario se traduce para las empresas:

  • no en una reducción de sus ingresos, si no únicamente en un diferimiento de los mismos por un monto igual al déficit tarifario, y
  • en la necesidad de tener que financiar (con recursos propios y/o de terceros) dichos ingresos diferidos, lo cual les origina un coste financiero adicional.

Desde el punto de vista de los consumidores, el déficit tarifario no es otra cosa que una deuda con las empresas. Más concretamente, y en la medida en que dicha deuda se iría amortizando en un cierto número de años, una deuda a pagar por los consumidores futuros pero originada por los consumos presentes.

En relación al argumento de controlar de la inflación, a veces citado por algunos como motivador de las decisiones políticas de contención tarifaria y que conducen a la creación de déficit, a la vista de lo que éste significa para empresas y consumidores, se trataría de un control de la inflación momentáneo, más aparente que real, al tratarse de una “inflación aplazada” hacia el futuro.  De la misma forma, algo similar sucedería con el argumento de proteger la competitividad de algunos sectores industriales intensivos en el consumo de energía, además de estar introduciendo distorsiones adicionales en dichos mercados.

¿Bajo qué marco normativo se origina el déficit tarifario?

El desacoplamiento entre las tarifas y los costes incurridos en la provisión de las mismas se articuló principalmente a través del Real Decreto 1432/2002, donde se fijaba una tasa de crecimiento máxima permitida a las tarifas (en la medida en que la tasa de crecimiento máxima fijada para las tarifas eléctricas era totalmente independiente de la evolución de los costes realmente incurridos – sujetos a las dinámicas de sus respectivos mercados –).

Los efectos de esta normativa podrían considerarse negativos en términos de eficiencia, desarrollo de la liberalización y el elevado déficit de tarifas acumulado al que dio lugar (ver Figura 4). Efectivamente, el sistema creado:

  • era insostenible a futuro tanto para las empresas (imposibilidad de financiar continuamente un déficit acumulado siempre creciente),[1] como para los consumidores (inviabilidad en términos de seguridad de suministro de un modelo en el que el precio de un producto es sistemáticamente menor que su coste),
  • reducía los incentivos a la eficiencia, especialmente para los consumidores, los cuales estaban aislados de la señal de precios del mercado (ineficiencia en el consumo y en las decisiones relativas a equipamientos), y
  • era incompatible con la liberalización misma ya que imposibilitaba el desarrollo del mercado de comercialización de electricidad (los suministros a mercado tenían un precio inevitablemente mayor que el de los suministros regulados).

Gráfico 4. Evolución del Déficit de Tarifa período 2000-2009

* Sin deducir reducciones por efectos derechos de CO2.

Año 2009 según liquidación provisional nº14.

 

Fuente: liquidaciones de la CNE.

Posteriormente, el Real Decreto 1634/2006, aunque no imponía un límite legal a los incrementos de tarifas, reconoció la posibilidad de que existiese déficit tarifario. De hecho, en el mismo momento de la fijación de las tarifas se reconocía la existencia de un déficit tarifario ex-ante, igual a la diferencia entre los ingresos y los costes regulados previstos. Así, la normativa no aseguraba anular el déficit, y ni siquiera que este fuera coyuntural y no estructural, por lo que puede considerarse que mantenía buena parte de los problemas identificados en la normativa precedente.[2]

Adicionalmente, a lo largo de los últimos años se han emitido normativas y regulaciones relacionadas – de forma más o menos evidente – con el ámbito y contención del problema del déficit de tarifas:

  • En marzo de 2006, el Gobierno trató de contener la creación de un nuevo déficit significativo publicando el Real Decreto-Ley 3/2006. En éste, por un lado, se fijaba provisionalmente el precio de las transacciones de compra-venta de energía entre empresas de un mismo grupo empresarial  en un valor regulado de 42,35 €/MWh[3]. Esta intervención del mercado dio lugar a numerosos problemas y fue finalmente suprimida al inicio del año siguiente. Ese mismo RD-Ley obligaba a devolver el valor de los derechos de CO2 que habían sido otorgados gratuitamente a las empresas con centrales emisoras en el Plan Nacional de Asignaciones (PNA) 2005-2007. El desarrollo de esta norma tardó dos años en realizarse, provocando numerosos problemas por el vacío normativo y la incertidumbre generada. A finales de 2007 se aprobó la Orden Ministerial ITC/3315/2007, que desarrollaba el citado Real Decreto-Ley. En ella se obligaba a las empresas a devolver con carácter retroactivo el valor de los derechos asignados de forma gratuita tanto a centrales que recibieron derechos como a centrales que, ni recibieron dichos derechos ni emiten CO2, como las nucleares y las hidráulicas (ver La internalización del precio de los derechos de emisión).
  • A finales del año 2006, se publicó el Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las tarifas del 2007. En él se toman varias medidas para intentar solventar el problema del déficit (aunque en realidad ninguna de ellas actúa directamente sobre el origen del problema, la adecuación de las tarifas a los costes reales de proveer el servicio):

­  En primer lugar, y como ya se ha expuesto, se reconoció un déficit ex-ante al inicio del periodo. Esto significó una tarifa eléctrica insuficiente para cubrir los verdaderos costes de la energía.

­  En segundo lugar, se estableció que el proceso de compra-venta de energía para el suministro a tarifa se realizará a través de unas subastas (dando comienzo en junio 2007) creadas para tal fin (ver El suministro de Último Recurso (SUR)). Con esta medida se logró un precio de la electricidad para el suministro a tarifa más estable, limitando así el riesgo de la magnitud final del déficit.

  • Durante el año 2007, el Gobierno siguió sin adecuar las tarifas a su nivel real, justificando su decisión bajo el argumento de “responsabilidad política”. Para evitar un incremento mayor del desfase entre ingresos y costes regulados, se modificaron las regulaciones relativas a algunos conceptos de coste incluidos en las tarifas. La motivación de estas modificaciones podría encontrarse en el objetivo de reducir los costes soportados por la tarifa, lo cual se traduce directamente en una reducción del déficit tarifario. Entre estas modificaciones se encontrarían los pagos por capacidad (ver Inversión y Seguridad de Suministro en un mercado liberalizado) o el incremento de los costes a la nuclear traspasándolos a las empresas cuando antes eran soportados por la tarifa. Este tipo de motivaciones, en ningún caso podría considerarse una buena práctica regulatoria y resultan inevitablemente en una mayor percepción de inestabilidad y riesgo regulatorio. (Ver Principios de buena regulación)
  • En noviembre de 2007 se aprobó el Real Decreto-Ley 11/2007, el cual busca aplicar principios similares a los que planteó la Orden Ministerial de desarrollo del Real Decreto-Ley 3/2006 (Orden ITC/3315/2007) en lo concerniente a devolución del valor de los derechos de emisión de CO2 asignados gratuitamente, extendiendo su ámbito de aplicación al periodo 2008-2012.  Dicha norma fue recurrida por diversas empresas y denunciada por UNESA ante la Comisión Europea y finalmente derogada a partir de julio de 2009 con la aprobación del Real-Decreto Ley 6/2009.

La financiación del DÉFICIT

Hasta la publicación del Real Decreto-Ley 6/2009, como se ha señalado, las empresas eléctricas estaban obligadas a financiar el déficit de la tarifa eléctrica. Puesto que esta situación tiene una consecuencia patrimonial directa sobre los estados financieros de las empresas, éstas pueden soportarlo directamente o cederlo a terceros, que bien lo mantienen como una inversión, bien lo pueden titulizar, es decir, convertir los derechos de cobro en títulos negociables a cambio de un coste adicional o tipo de interés. El Gobierno autorizó esta última opción en 2003. La Orden Ministerial ECO 2714/2003, de 25 de septiembre, autorizó la cesión o titulización del coste correspondiente al desajuste de ingresos de las actividades reguladas anterior a 2003 y la revisión de los costes extrapeninsulares.

  • La cesión del déficit evita que las empresas eléctricas tengan que endeudarse para poder financiar el déficit del Sistema.
  • Se facilita que las empresas eléctricas dediquen sus recursos a lo que es su función – invertir y operar el sistema energético.

En la actualidad, las empresas han realizado dos operaciones de cesión, la primera correspondiente al déficit originado entre los años 2000 y 2002 (1.522 M€) y, la segunda, relativa al déficit del año 2005 (3.830 M€).

A raíz de esa operación, se han transmitido los derechos de cobro (actualizados anualmente con el Euribor) para la recuperación del déficit tarifario a diversos agentes financieros, lo que ha permitido a las empresas percibir anticipadamente las cantidades objeto de la cesión, de forma que pueden destinar sus recursos financieros a su negocio habitual.

La Tabla 1 muestra la relación de empresas y bancos que intervinieron en la cesión del déficit de la tarifa eléctrica en España en los dos procesos de que han tenido lugar hasta ahora.

Tabla 1. Cesiones del déficit de tarifa desde el año 2000

Empresas

Déficit de Tarifa Años 2000-2002

Déficit de Tarifa Año 2005

Millones €

Entidades Bancarias

Millones €

Entidades Bancarias

Endesa

658

BBVA

SCH

CAJA MADRID

MERRILL LYNCH

1.691

CITIGROUP

JP MORGAN

BANCAJA

BBK

Iberdrola

517

1.341

Unión Fenosa

178

492

Enel-Viesgo

70

 

Hidrocantábrico

65

233

Elcogás

34

73

TOTAL

1.522

3.830

En el Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2007, el Gobierno reconoció un déficit ex ante de 1.500 M€ hasta septiembre de 2007 y estableció que se financiaría vía los ingresos obtenidos mediante subastas del derecho a percibir mensualmente un determinado porcentaje de la facturación mensual por tarifas de suministro y de acceso, como máximo, en los siguientes 15 años.

El procedimiento y las bases para la celebración de las subastas se desarrollan en la Orden 694/2008 publicada en el BOE del 15 de marzo y que ha sustituido a la Orden 2017/2007.

En estas subastas puede participar cualquier agente jurídico (o grupo de agentes a través de un representante único) que previamente esté inscrito en el registro de la subasta.  La CNE fue la entidad encargada de la gestión de las subastas.  Cada agente sólo podía hacer una oferta, que entregaba en un sobre cerrado y de un mínimo de 25 M€, o múltiplos de esta cantidad, especificando el diferencial sobre el tipo de interés de referencia (Euribor a tres meses).

Los agentes adjudicados en la subasta adquieren el derecho de cobro de una parte de las cantidades recaudadas con la tarifa integral y tarifa de acceso en un período, como máximo, de 15 años.

De este modo, las empresas del sector eléctrico pueden desvincularse de la financiación del déficit ex-ante, cuya financiación pasa directamente a los adjudicatarios de la subasta. Las empresas distribuidoras  ingresarían la parte proporcional a su facturación en una cuenta abierta para tal efecto y gestionada por la CNE, que según el RD 2017/1997, es el agente responsable de efectuar las liquidaciones (agente de cobros y pagos del sistema eléctrico español).

Desgraciadamente, la primera subasta de derechos de cobro bajo esta nueva fórmula no tuvo éxito, en parte debido a la especial coyuntura de los mercados financieros durante el año 2007, pues no aparecieron compradores a los precios de referencia que al parecer se barajaron. Los cambios normativos que afectaron al déficit ex ante entre el final del 2007 y el principio de 2008 permitieron que se adjudicasen 1.300M€ en junio de 2008, correspondientes a la totalidad del déficit de 2007 y una fracción del de 2008. Sin embargo, la siguiente subasta, que se celebró a finales de septiembre del mismo año cerró con un nuevo fracaso, al no poderse adjudicar importe alguno, en un contexto de gran turbulencia de los mercados financieros internacionales.

LAS SOLUCION AL DEFICIT; EL RD-LEY 6/2009

La primera solución al problema del déficit financiado con cargo al consumo futuro sería que la totalidad de los costes actuales se trasladen al precio presente sin restricción alguna. Esto llevaría a unas subidas instantáneas (o en un corto plazo de tiempo) de las tarifas de acceso aproximadamente del 70 %. El efecto en el precio final de venta de electricidad al consumidor de esta subida se situaría entre el 30-35%, según la tensión y el tipo de suministro.

A medio-largo plazo la subida necesaria se sitúa en torno al 100% de las tarifas de acceso, esto es, duplicar las tarifas.

Realizar un ajuste de tarifas de acceso de este calado en un corto espacio de tiempo podría tener efectos negativos sobre los consumidores finales de electricidad. Por un lado, aquellos consumidores en los que la electricidad es una materia prima, recibirían en el corto plazo señales ineficientes en los precios de la misma que básicamente se trasladarían a precio final del producto, encareciendo los mismos para el consumidor final y perdiendo competitividad en los mercados internacionales. Una adecuación progresiva de las tarifas daría las señales adecuadas para reconvertir las cadenas de producción buscando métodos más eficientes de aprovechamiento de la electricidad, con menor impacto en los precios finales de los productos.

En cuanto al consumidor doméstico, el encarecimiento rápido de la electricidad se convertiría directamente en decremento de su renta disponible, que también reduciría su capacidad para invertir en sistemas más eficientes de uso de la energía.

Estos efectos se ven agravados en una situación como la actual, en que la crisis financiera ha devenido en una crisis económica generalizada, con estancamiento del crecimiento económico, precios y rentas, y aumento del paro.

Además, la tarifa eléctrica no solo contempla los costes propios de la generación y suministro de electricidad, sino que como se ha señalado anteriormente, recoge otros costes vinculados a políticas económicas y energéticas.

En este contexto se forjó el Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, cuya finalidad es acabar con los efectos perniciosos del déficit de tarifas, permitiendo una adaptación progresiva de los consumidores a los nuevos precios necesarios de las tarifas de acceso.

El Real Decreto-Ley 6/2009

Los principales mecanismos que se definen en esta norma son:

  • Eliminación definitiva del déficit de tarifa en el año 2013, de manera que los ingresos en ese año sean suficientes para cubrir los costes. Se establece un período transitorio en el que el déficit anual no puede superar los 3.500, 3.000, 2.000 y 1.000 millones de euros en 2009, 2010, 2011 y 2012 respectivamente. De esta manera se permite laminar en varios años el incremento necesario de las tarifas de acceso, permitiendo que los consumidores puedan adaptar métodos más eficientes a sus consumos eléctricos.

Gráfico 5. Evolución del déficit ex ante según el Real Decreto-ley 6/2009

  • Puesto que hay una serie de consumidores finales que por sus especiales condiciones de consumo, renta, situación familiar o laboral no pueden conseguir ofertas competitivas por parte de los suministradores en un caso, ni tienen capacidad de adaptación de sus consumos en otro, se establecen mecanismos que permiten satisfacer requerimientos de protección y eficiencia a la vez, como son la Tarifa de Último recurso (TUR) y el Bono Social (ver Eficiencia económica y protección a clientes vulnerables y El bono social).
  • Adicionalmente, se eliminan progresivamente los sobrecostes de la generación extrapeninsular de la tarifa eléctrica, ya que no son estrictamente costes del sector eléctrico, si bien quedan aún incluidos otros costes derivados de políticas energéticas de ámbito nacional, políticas sociales, etc., que deberían ser repercutidas también en otras tarifas (por ejemplo, tarifas de acceso a las redes de gas) o directamente trasladados a los Presupuestos Generales del Estado.
  • También se establece que las empresas eléctricas no han de ser financiadoras del déficit, lo que permite que liberen recursos financieros para el ejercicio de su actividad y mejora su situación patrimonial de deuda.

Para la financiación de los déficits anuales máximos establecidos en este Real Decreto-Ley, se dispone la creación de un Fondo de Titulización cuya finalidad será la emisión de instrumentos financieros, con el aval del Estado, para la cobertura de los importes máximos anuales referidos. Los posibles desajustes temporales que surjan entre los costes o ingresos reales respecto a los previstos para la fijación de las tarifas de acceso serán financiados transitoriamente por las empresas eléctricas, si bien esos desajustes habrán de recogerse íntegramente en la revisión tarifaria inmediatamente posterior al momento en que se produzcan, de manera que las empresas tendrán únicamente que financiar los desvíos coyunturales que se produzcan entre cada revisión de tarifas.

Asimismo, se establece en este Real Decreto-Ley que las cuantías pendientes por los déficits pasados, y que aún permanecen en los estados financieros de las empresas, sean traspasados al mencionado Fondo de Titulización, liberando de esta carga a las empresas eléctricas.

Otra normativa posterior

Real Decreto-ley 6/2010

Con este Real Decreto-ley de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo se  incorporan actuaciones en diversos sectores estratégicos de la economía española. Por lo que se refiere al sector energético, se incluyen medidas que tienen como objetivo crear las condiciones para impulsar las empresas de servicios energéticos, así como otras relativas a la titulización del déficit de tarifa del sistema eléctrico y a la creación y regulación de la figura del gestor de recarga energética para impulsar el uso del vehículo eléctrico, así como la posibilidad de que la Administración pueda adoptar programas de ahorro y eficiencia energética en relación con este último .

Real Decreto 437/2010

Este Real Decreto desarrolla la regulación del proceso de titulización del déficit del sistema eléctrico que fue establecido en el Real Decreto-ley 6/2009 por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. Esta norma culmina el desarrollo normativo de la titulización del déficit de tarifa del sistema eléctrico, desarrollando los aspectos operativos y procedimentales, básicamente, el precio y las condiciones de la cesión de los derechos de cobro al Fondo de Titulización creado al efecto, tanto de los acumulados hasta 2009, como los que se produzcan hasta el final del año 2012, momento en el cual se alcanzará la suficiencia tarifaria. Según la referencia pública del Consejo de Ministros que aprobó esta norma, “El proceso de titulización del déficit tarifario se iniciará inmediatamente y estará supervisado por una Comisión Interministerial formada por los departamentos de Economía e Industria.”.


[1] Este problema es más relevante en situaciones de iliquidez en los mercados financieros (dificultad o, incluso, imposibilidad para obtener nuevos capitales con los que financiar el incremento del déficit tarifario), lo que se materializó con la crisis financiera que comenzó en el verano de 2007.

 

[2]  En este sentido, es importante precisar que la normativa trataba de eliminar el riesgo de falta de desarrollo de la actividad de comercialización eléctrica. Esto era así ya que el déficit previsto (ex-ante) se trasladaba a las tarifas de acceso reflejándose igualmente en las tarifas integrales y de acceso, tratando de que el precio de la tarifa integral no fuera sistemáticamente menor que las ofertas competitivas que pidiera realizar una empresa comercializadora.

[3]  Posteriormente dicho valor se modificó al alza a un valor más cercano al de mercado (49,23 €/MWh).

 

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MEJORAR LA TARIFA ENERGÉTICA

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